El presidente Gustavo Petro confirmó que el joven capturado por el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay formaba parte del programa estatal Jóvenes en Paz, una iniciativa que busca ofrecer oportunidades a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Mientras avanza la investigación, el menor —señalado como presunto autor del disparo— permanece hospitalizado tras una intervención quirúrgica, lo que ha impedido que la Fiscalía lo interrogue hasta el momento. Sin embargo, el proceso judicial continúa su curso y en las próximas horas se espera que se definan las medidas legales en su contra.

La Fiscalía ha propuesto trasladar al joven al búnker de la entidad en lugar de una institución del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), argumentando razones de seguridad y la necesidad de proteger información clave. La decisión también responde a indicios que lo vincularían con redes criminales, posiblemente responsables de otros ataques recientes.

El caso no solo genera preocupación por la seguridad de los líderes políticos, sino también pone en el centro del debate la efectividad de programas sociales como Jóvenes en Paz, que ahora enfrentan cuestionamientos por sus mecanismos de selección y seguimiento.