La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, avanza en la evacuación humanitaria del corregimiento de Altavista, en cumplimiento de la declaratoria de calamidad pública por riesgo invernal. La intervención cuenta con lineamientos técnicos del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el acompañamiento de más de diez entidades del Distrito.

El objetivo central de este proceso es salvaguardar la vida de las personas que habitan en zonas con riesgo estructural o geológico, y se desarrolla con un enfoque de derechos humanos, atención integral y articulación institucional. Las autoridades han enfatizado que no se han realizado desalojos nocturnos ni se han reportado excesos por parte de la Fuerza Pública, cuya función ha sido exclusivamente garantizar la seguridad del personal técnico y social en el territorio.

Durante la noche del 14 de mayo, el Puesto de Mando Unificado (PMU) reportó alteraciones al orden público: personas encapuchadas atacaron con piedras a la Fuerza Pública e intentaron bloquear vías. Estos hechos se atribuyen a grupos delincuenciales que buscan interferir con el proceso y desinformar a la comunidad. La Alcaldía anunció que ya se iniciaron investigaciones para judicializar a los responsables, incluyendo a quienes promueven el loteo ilegal en la zona.

Hasta el momento, 166 inmuebles han sido declarados con evacuación definitiva. De estos, 125 familias ya han recibido atención institucional. También se identificaron 15 viviendas deshabitadas, 10 fueron removidas y 8 demolidas por riesgo estructural.

La Secretaría de Inclusión Social y Familia lidera la atención humanitaria, que contempla ayudas inmediatas, alojamiento temporal, traslado de enseres, atención psicosocial y jurídica, orientación para el acceso a programas sociales, y albergue para mascotas. En total, se han caracterizado 407 personas, incluyendo menores de edad, mujeres gestantes, adultos mayores, migrantes y víctimas del conflicto armado, bajo un enfoque diferencial.

La Administración Distrital reiteró que esta es una intervención de carácter humanitario, no una acción policial, y agradeció la disposición de la comunidad para avanzar en un proceso que busca garantizar la seguridad, la dignidad y la estabilización de las familias afectadas. El operativo continuará con subsidios de arrendamiento y acciones interinstitucionales para asegurar la restitución de derechos y condiciones de vida adecuadas.