En medio de crecientes tensiones por las manifestaciones sociales en el país, autoridades locales lanzaron fuertes señalamientos contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, al que acusan de proteger a grupos que incitan a la violencia durante las protestas.

«Siempre hemos respetado y garantizado la protesta pacífica», afirmaron desde la administración local. Sin embargo, advirtieron que no permitirán actos violentos, especialmente de colectivos organizados como las llamadas «primeras líneas», quienes —según denuncian— se sienten respaldados por el gobierno nacional.

Durante un reciente Consejo de Seguridad, en presencia del ministro del Interior, se exigieron garantías tanto para los manifestantes pacíficos como para los ciudadanos que no participan en las movilizaciones. «Las garantías no pueden ser solo para los violentos», señalaron, advirtiendo que lo que hoy se ve en Colombia es una permisividad preocupante hacia los actos vandálicos.

Desde Medellín, las autoridades locales fueron tajantes: si se registran desmanes en la ciudad, la responsabilidad recaerá sobre el presidente Petro y su gobierno, a quienes acusan de “incitar al odio y a la violencia”.

«Vamos a seguir cuidando de la ciudad y de su gente», concluyeron, subrayando su compromiso con la seguridad y el orden, mientras el debate sobre los límites de la protesta social y el papel del Estado continúa intensificándose en el país.