El Gobierno nacional firmó este miércoles el decreto que convoca oficialmente a una consulta popular para el próximo 7 de agosto. Aunque la medida es jurídicamente firme, el Ejecutivo ha dejado claro que esta no es una decisión inamovible, sino una herramienta que puede ser retirada si se logra un acuerdo legislativo.

“El presidente no está amenazando con esta consulta, está dialogando. Lo que se busca es restaurar los derechos laborales de la clase trabajadora”, afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, al explicar que el decreto contempla expresamente la posibilidad de ser derogado.

Benedetti precisó que la ley obligaba al Gobierno a emitir el decreto antes de la medianoche del martes, por lo que no había margen de espera. Sin embargo, subrayó que el propósito del Ejecutivo es abrir un canal de comunicación con el Senado de la República.

“Cuando usted firma un decreto que se puede derogar, lo que está haciendo es abrir una puerta al diálogo y a la confianza con el Congreso. Eso es lo más importante”, señaló el jefe de la cartera política.

La reforma laboral sigue su curso legislativo en el Senado, y el Gobierno mantiene como puntos clave que no se pague por horas trabajadas, que se reconozcan las horas extra desde las 6 o 7 de la noche, y que los recargos por dominicales y festivos sean del 100%.

Si la Cámara logra concertar una versión de la reforma que recoja estos principios, el Ejecutivo está dispuesto a derogar el decreto. “No es una imposición, es una declaración de diálogo y de voluntad política”, recalcó Benedetti.

El ambiente en el Senado, según el ministro, es “positivo y optimista”, y existe una expectativa real de llegar a acuerdos antes del 7 de agosto. El Gobierno, en consecuencia, mantiene la mano tendida.