En un nuevo giro en su confrontación con el Congreso, el presidente Gustavo Petro anunció que decretará una consulta popular, argumentando que sus propuestas no han recibido un “concepto favorable” por parte del Senado. Con tono desafiante, el mandatario sugirió que el proceso legislativo ha sido manipulado en su contra:

“Jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa”.

El jefe de Estado, visiblemente inconforme con el trámite de sus iniciativas —particularmente las reformas sociales—, indicó que será la Corte Constitucional la que decidirá si la consulta procede, aunque dejó entrever su expectativa de que el alto tribunal respalde su visión de justicia social:

“Ojalá la Corte Constitucional nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho”.

Petro recurrió además a una crítica simbólica sobre el concepto de libertad y consumo, aludiendo a que el modelo actual solo garantiza derechos a quienes tienen recursos económicos:

“La libertad no es ir a un supermercado, como piensa Milei, porque al supermercado solo puede ser libre para comprar quien tiene dinero”.

El anuncio de una consulta popular se da en un momento de creciente tensión institucional. Desde su llegada al poder, Petro ha mostrado un estilo de gobierno confrontacional y poco dado a construir consensos duraderos con el Legislativo. Ahora, aludiendo a una supuesta “trampa” en el Congreso, opta por llevar su agenda directamente a la ciudadanía.

Sin embargo, el uso de una consulta popular para desbloquear reformas podría abrir un debate sobre los límites del poder presidencial y la solidez de la democracia representativa en Colombia. ¿Es este un acto de participación ciudadana o una estrategia para eludir los contrapesos institucionales?